A lo largo de las últimas dos décadas la lucha por el ejercicio pleno del derecho humano a la comunicación en América Latina conjugó las demandas de diversos colectivos que lograron superar los espacios marginales de la agenda pública y consolidaron nuevos paradigmas que traspasaron la idea de libertad de expresión, entendida apenas como libertad de prensa o mera abstención de intervención estatal.
Estas manifestaciones tomaron cuerpo a partir de su basamento en el abordaje de la comunicación como derecho humano y su articulación con iniciativas estatales, para la formulación de reformas normativas y el impulso de políticas públicas. Se procuró garantizar el cumplimiento del rol de los Estados como garantes de pluralismo y diversidad, y limitar, al mismo tiempo, el poder de los grandes conglomerados mediáticos. Esas tesituras fueron acompañadas en buena medida por la mirada de una perspectiva académica como es la Economía Política de la Comunicación y la Cultura (EPICC).
La EPICC se ha propuesto a lo largo de su historia como una perspectiva de abordaje de los fenómenos en que la comunicación, en particular los medios masivos, y la cultura participan del proceso de acumulación del capital, las relaciones de poder que se expresan en el sistema cultural en el marco de la estructura económica; así como las desigualdades de clase, las condiciones de producción, distribución e intercambio en las industrias culturales. Los estudios contemporáneos de esta línea de abordaje avanzan hacia una agenda renovada de problemas y enfoques teórico-metodológicos que incorpora de modo creciente el estudio de procesos de datificación y plataformización en tanto fenómenos que impactan de modo directo en el mundo del trabajo, en los procesos regulatorios y en las formas de valorización de la comunicación y la información en contextos de convergencias múltiples y procesos de concentración de escala global.
En consecuencia, es preciso trascender la temática restringida al audiovisual y al carácter nacional de la incidencia. Son necesarias articulaciones desde una perspectiva de sociedad civil del sur global que diagnostique y proponga contenidos y acciones vinculados al derecho a la comunicación en su generalidad. Esto es, que pueda poner en debate público temas vinculados a derechos humanos en Internet, regulación audiovisual, derecho a la privacidad, acceso a la información pública, administración democrática de la pauta oficial, etc. En muchos casos estos temas permanecen invisibilizados. En otros, la situación es más compleja porque estas cuestiones han aflorado hace tiempo al debate -e incluso han motivado decisiones de política pública- pero desde una perspectiva funcional a los intereses de las grandes corporaciones de medios. Es preciso recuperar entonces los procesos de debate en el espacio público, propiciados por diferentes actores de la sociedad civil en distintos países, con una perspectiva de derechos orientados a la democratización de la comunicación.
